• En el Quinto Informe de Gobierno, la dependencia estatal precisa que el índice de observaciones se redujo a 1.94 por ciento, derivado de las acciones preventivas implementadas por la actual administración que preside Carlos Manuel Merino Campos 
• El documento entregado por el Gobernador al Congreso Local, señala que se han efectuado 32 auditorías que están en proceso, con un monto fiscalizado preliminar de mil 569 millones 705 mil 285 pesos.

Como parte del Quinto Informe de Gobierno, la Secretaría de la Función Pública de Tabasco (SFP), reportó con corte al 30 de septiembre de 2023, la realización de 73 auditorías, con un monto fiscalizado de 31 mil 171 millones 516 mil 369 pesos y un monto observado de 606 millones 610 mil 119 pesos.

En ese sentido, la dependencia que preside Jaime Antonio Farías Mora, agrega que derivado de las acciones preventivas implementadas por el Gobierno de Tabasco, se logró disminuir el índice de observaciones a 1.94 por ciento.

El documento entregado por el gobernador Carlos Manuel Merino Campos, al Congreso Local, precisa que se han realizado 32 auditorías que están en proceso, con un monto fiscalizado preliminar de mil 569 millones 705 mil 285 pesos.

Asimismo, indica la participación en 11 auditorías a recursos provenientes de fuentes de financiamiento federales ejercidos por las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, de las cuales 9 se encuentran concluidas y 2 todavía en proceso.

El documento resalta que entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023, 99.999% de los servidores públicos del Poder Ejecutivo, cumplieron con las obligaciones de presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses en la modalidad de modificación, es decir de un padrón de 79 mil 493, solo un empleado no dio cumplimiento a lo establecido en la fracción II del artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que representa un 0.001% de incumplimiento.

El informe también detalla la capacitación en materia de contraloría social a 382 servidores públicos ejecutores de programas de desarrollo social federales, así como a 170 comités de contraloría social conformados por 520 integrantes.