- Respalda gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, postura contra ‘decisión arbitraria’ del ministro Javier Laynez Potisek
El gobernador Carlos Manuel Merino Campos respaldó la posición asumida por todos los mandatarios estatales de la Cuarta Transformación, quienes este martes acusaron que la suspensión concedida por el ministro Javier Laynez Potisek contra el “Plan B” de la reforma electoral es inconstitucional.
En un comunicado dirigido al pueblo de México, las 22 gobernadoras y gobernadores identificados con la 4T advirtieron que ante la ilegalidad, habrá unidad y principios, y advirtieron que la transformación de la vida pública que está en marcha ‘no podrá ser detenida mediante maniobras tramposas y de dudosa legalidad para beneficiar a la oligarquía’.
Se pronunciaron por que la ‘arbitraria decisión del ministro Laynez Potisek’ sea revertida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJNI), tal como solicitó el Ejecutivo federal en un recurso de reclamación, a fin de restaurar el equilibrio y el respeto necesario entre los Poderes de la Unión y evitar que se consume un atropello a la Constitución.
En el documento suscrito por los mandatarios estatales hicieron ver que al admitir la controversia constitucional del Instituto Nacional Electoral (INE), el ministro violentó la Carta Magna, que establece que no proceden las controversias constitucionales en materia electoral, y de acuerdo con la ley reglamentaria, tampoco hay lugar para suspender las normas generales.
La acción ‘violenta el equilibrio de poderes, en la medida que uno solo de los ministros suprime de un plumazo reformas de la representación popular legítima depositada en el Poder Legislativo’, precisaron.
Las gobernadoras y gobernadores sostuvieron que el ‘Plan B’ no pone en riesgo los procesos electorales o el funcionamiento del INE. “Su propósito –afirmaron– es garantizar una auténtica democracia, racionar los recursos públicos, acabar con los excesos y las prácticas fraudulentas del viejo régimen”.
Dejaron claro que resulta inevitable ver en esta decisión el interés de obstaculizar la transformación nacional que se lleva a cabo por mandato popular; y preservar los cotos de poder de las élites, tecnocracias y burocracias.
Aseveraron que la medida del ministro Laynez también pretende impedir la aplicación de la austeridad republicana en la institución electoral; y mantener en píe los rescoldos de un régimen político antipopular, antidemocrático y lastrados por privilegios injustificables.
Los jefes de los Poderes Ejecutivos de 22 entidades federativas cerraron filas para seguir pugnando en el marco de la legalidad y por medios pacíficos y democráticos, por la renovación y la moralización de las instituciones nacionales.
El documento está firmado por las gobernadores y gobernadores de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
